Derecho Administrativo
Un abogado administrativo asesora, representa y defiende a ciudadanos y empresas en sus conflictos o trámites frente a la Administración Pública (ayuntamientos, ministerios, organismos públicos). Su labor principal es gestionar licencias, recursos, sanciones, contrataciones públicas, expropiaciones y reclamaciones por responsabilidad patrimonial.
Las funciones principales de un abogado administrativo incluyen:
Recursos Administrativos: Interposición de recursos de alzada, reposición o revisión ante la propia administración cuando una resolución no es favorable.
Vía Contencioso-Administrativa: Defensa y representación técnica en procedimientos judiciales ante los juzgados y tribunales de lo contencioso-administrativo.
Licencias y Autorizaciones: Gestión de permisos de apertura, licencias urbanísticas, licencias de obras o autorizaciones de transporte.
Responsabilidad Patrimonial: Reclamación de indemnizaciones a la administración por daños causados por su funcionamiento (ej. caídas por mal estado de la vía pública).
Contratación Pública: Asesoramiento a empresas en licitaciones, concursos públicos y contratos administrativos.
Sanciones y Multas: Defensa en procedimientos sancionadores, como multas de tráfico, sanciones de medio ambiente, protección de datos o urbanismo.
Función Pública: Defensa de derechos de los empleados públicos.
Expropiación Forzosa: Gestión de expedientes en caso de expropiación por parte del Estado.
En resumen, actúan para proteger los derechos de los particulares frente a posibles abusos o demoras burocráticas, evitando en lo posible la vía judicial mediante la negociación administrativa.
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